DES-FACHA-TEZ

El Partido Popular, a través de su grupo parlamentario y de sus representantes en la Ponencia de autogobierno, solicitó al Gobierno español la elaboración y remisión a la Cámara Vasca  de tres informes. El primero de ellos pretendía evaluar el coste económico de una supuesta independencia de Euskadi y de las consecuencias que tal tendría en  relación a la Unión Europea. El segundo solicitaba un relato del desarrollo estatutario vasco y de las competencias pendientes de transferencia. Y, el tercer informe requería al Gobierno de Mariano Rajoy a establecer  un estudio comparado del nivel competencial del País Vasco en el ámbito de la Unión Europea.

Ni que decir tiene que, en origen, las peticiones tenían una intencionalidad evidente que a nadie se le escapa; cuestionar la necesidad de una “actualización” del marco de autogobierno por considerar que el actual estatus, incomparable en analogía con otras experiencias autonómicas o federales, resultaba adecuado  y suficiente para el País Vasco.

Cada cual es muy libre de creer o considerar lo que quiera en relación al marco jurídico-político que deba tener este país. Para  establecer su referencia, anclaje o modificación se constituyó la ponencia de autogobierno  y será en ese foro en el que cada formación política  exprese libremente sus planteamientos. Lo que no resulta de recibo es que hecha la petición de informes –Maneiro solicitó nueve estudios más al Gobierno español-, desde la Moncloa  se haya contestado que “nones”. Que ni tres, ni nueve. Que ni se han hecho ni se harán. Por mucho que lo hayan pedido el grupo parlamentario de Arantza Quiroga.

El pasado mes de julio, Don Carlos Mª de Urquijo y Valdivieso, a la sazón Delegado del Gobierno español en Euskadi remitía la respuesta oficial del ejecutivo de Mariano Rajoy. “...Dado que el objeto de la solicitud efectuada  por la Ponencia de Autogobierno del país Vasco excede el ámbito competencial propio de esa Comunidad Autónoma afecta a competencias exclusivas  de la Administración General del Estado, se deniega la petición efectuada al no encontrarse fundamento legal alguno que ampare la remisión de la documentación requerida”. Toma del frasco Carrasco.

¿Se le ha mudado el color al grupo peticionario –el PP- por el desaire  y la falta de respeto institucional  provocada por sus compañeros-jefes de Madrid?. ¿Han dicho algo por la desvergüenza de una negativa tan sonora?. Ni “mú”.

Solo han reaccionado, y para dar la nota, cuando se han conocido los contenidos de los informes solicitados al Gobierno vasco. Para los “populares”, los textos oficiales  entregados en el Parlamento Vasco “parecen hechos en Sabin Etxea” y su intención es “engañar a los ciudadanos” con el mensaje de “España nos roba”.

La insolencia en la respuesta  tuvo en Carlos Urquijo a su portavoz más acusado. El delegado que negó al Parlamento Vasco la colaboración del ejecutivo  del Estado, sí puso esmero en descalificar el contenido de los estudios que, a petición de la ponencia de autogobierno, habían elaborado los servicios técnicos del gabinete Urkullu.

Desatendiendo su rol  institucional, una actitud  habitual en él, Urquijo no dudó en denostar el papel del lehendakari  y su gestión de gobierno. Así calificó de “propuestas estrambóticas”, “ensoñaciones independentistas letales” o “engaños”, las conclusiones que sobre el autogobierno, el Concierto económico o la Seguridad Social,  había  llevado al Parlamento el Gobierno vasco a través de ocho informes.

Descalificaciones hechas sin tan siquiera leer  el contenido de los estudios. Sin cotejar o contrastar  argumento alguno. Con el desparpajo  y la insolencia del banderizo  cuya función no es otra que la de defender a su señor, su linaje, poder y fortuna por encima de todo.

La figura de la  Delegación del Gobierno (recogida en el artículo 154 de la Constitución)  se contempla legalmente como órgano de la Administración Pública del Estado dependiente  del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y sus titulares que dependen directamente de Presidencia del Gobierno, ostentan la condición de Alto cargo, (subsecretario), siendo sus funciones principales  las de representar al Gobierno central así como dirigir la Administración del Estado en el territorio autonómico y coordinarla con la Administración propia de la Autonomía en cuestión. 

Toda  esa legalidad institucional, ha tenido en la historia autonómica de Euskadi un reflejo fiel en contadísimas excepciones. De modo y manera que la figura del Delegado, por norma general,  ha sido utilizada a modo de ariete político del partido gobernante en la Moncloa, siendo Carlos Urquijo su ejemplo más esperpéntico.

Pero no utilizaré la descalificación del personaje  y sus zafias maniobras activistas para escurrir el bulto y evitar dar respuesta a su mensaje de que "sin la solidaridad del resto de los españoles a través de la caja única de la Seguridad Social, no podrían pagarse las pensiones del mes que viene".

Las pensiones, la Seguridad social, las prestaciones por desempleo  vuelven a utilizarse como argumento político  para alimentar el miedo ciudadano al autogobierno. No se trata de una materia distintiva  ni específica del País Vasco. Lo hicieron los unionistas  en Escocia y ahora el Estado en Catalunya.  La amenaza de ruina o la advertencia de impago futuro no es una cuestión ni novedosa ni  particular de los vascos.

En nuestro caso, la controversia sobre el futuro de las pensiones y de la seguridad social  tiene dos ámbitos diferenciados. Es como el fuero y el huevo.

El fuero, la gestión  propia de los recursos generados en la seguridad social  tiene en Euskadi una cuestión incontestable. Ni tan siquiera Urquijo o el propio Rajoy lo han negado. El Estatuto de autonomía en vigor determina  en su artículo 18 “b”  que corresponde al País Vasco “la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.”. Y punto.

Tal precepto normativo, tan ley como cualquier otra en vigor, no se ha cumplido  tras treinta y seis años de vigencia. ¿Dónde queda aquello de que le ley está para ser cumplida?.

Y ahora vamos al “huevo”, al contenido. Dice Urquijo que el déficit de la Seguridad Social en el País Vasco en los tres últimos años ha sido de 5.066 millones de euros, incidiendo que "sin la solidaridad del resto de España, los vascos no podrían cobrar la pensión el mes que viene". Negar lo evidente sería  estúpido. Es cierto que en los últimos años – debido a múltiples factores,  crisis, envejecimiento poblacional, etc- el balance entre aportaciones y prestaciones  a la Seguridad Social  ha resultado deficitario en Euskadi.  Todo lo contrario ocurrió durante decenios sin que  nadie echara en cara a los pensionistas y parados españoles que cobraran parte de sus subsidios gracias a la solidaridad vasca. Nadie ha hecho tal reproche.

Pero  siendo real el déficit actual,  resulta mezquino  centrarse en la coyuntura de Euskadi sin hacer notar que el sistema en su conjunto –de cuya normativa y regulación  es ajena esta comunidad- vive una profunda crisis, hasta el punto  de que los expertos auguren que, de seguir  a este ritmo, el fondo de reserva  de la seguridad social española se habrá agotado en tan solo cuatro años.

Lo dice el informe del Gobierno vasco que Urquijo ha denostado sin leer. “El déficit/superávit relativo es una cuestión coyuntural por la maduración de ciclos y modelos económicos y por los crecimientos, o ausencia de ellos, futuros. El problema de las pensiones en Euskadi respecto del Estado, no es un problema de un porcentaje mayor o menor del PIB sino de otra magnitud mucho mayor, e incluso de legitimación del papel del Estado y los poderes públicos en esta materia clave. Ello abre una oportunidad para que Euskadi se dote de un elemento diferencial básico para el bienestar de sus ciudadanos.”

El modelo necesita urgentemente cambios estructurales. Y en Euskadi estamos en disposición  de afrontarlos con visión propia. Ajustándonos a nuestra estructura de mercado laboral, acordando  y desarrollando  a futuro un modelo coherente de pensiones basado en las aportaciones públicas y en las complementarias  -preferiblemente de empleo-. Un modelo en el que el PNV  lleva trabajando  intensamente en los últimos meses  y que, llegado el momento, activará para el futuro  de las pensiones  tenga garantías de sostenibilidad  para todos los vascos.

Justificar el incumplimiento de la ley – la transferencia de la gestión económica de la seguridad social- por su viabilidad económica  puede tener un pase periodístico. Pero en lo que a responsabilidad pública se refiere, y viniendo de donde viene, es una des- facha-tez. O lo que es lo mismo, tener la cara muy dura.